Así lo consigno el diario El País (España), según el cual la Comisión Europea declaró la obligatoriedad  de las empresas a tener repuestos para sus productos hasta diez años después de su fabricación.

Luego de que Úrsula Von der Leyen (Alemania) anunciara su próximo gabinete ejecutivo para dirigir la comisión europea y declarara el cambio climático y las apuestas por un mejor tratamiento de las problemáticas medioambientales, el panorama en el viejo continente cambió hacia el desarrollo de políticas que pudieran dar tratamiento a lo que se consideró desde el órgano rector como una de las principales dificultades para los próximos años.

En ese sentido, en octubre pasado desde Bruselas se anunció una serie de medidas que apuntan a mejorar la vida útil de los aparatos eléctricos, buscando además la disminución de su impacto ambiental y beneficiar el consumo eléctrico de los ciudadanos.

A fin de lograr estos objetivos, la Comisión Europea dictó obligaciones de ahora en más para los fabricantes, las que contemplan, entre otras cosas, que las piezas de recambio de refrigeradores deben estar un mínimo de siete años después de la compra del producto y 10 años en caso de las lavadoras y lavavajillas, las que además deben contemplar mecanismos para el menor consumo de agua.

La norma que espera entrar en vigencia a partir del 2021, confía en que propicie la disminución de desechos por parte de los consumidores debido a la baja de la vida útil de los productos a raíz de la ausencia de repuestos o herramientas para su refacción.

Con esto, según se ha declarado desde la capital belga, se busca acabar con la denominada obsolescencia programada, la que provoca miles de desechos eléctricos, mayores emisiones de gases contaminantes en la fabricación y gastos a usuarios y fabricantes en la búsqueda de renovación de artículos.

Benito Muros, Presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada, aseguró la presencia de la obsolescencia programada en todos los aparatos eléctricos en la actualidad. Así, por ejemplo, en España, pese a que la legislación vigente obliga a que los fabricantes contemplen mecanismos para alargar lo más posible la vida útil de los aparatos, no penaliza explícitamente la obsolescencia programada. Con ello, pese a que los productores aseguran estar cumpliendo con la normativa vigente, esto no se condeciría con las cifras que muestran una mayor renovación de productos por sobre la refacción de los ya existentes.

Con la nueva legislación, desde Europa se espera una disminución significativa de insumos en el desarrollo de los artículos eléctricos, calculando la baja de 711 millones de metros cúbicos de agua para el primer año y 16 millones para el segundo. Además plantea nuevas exigencias para la durabilidad de productos de iluminación. Con esto, la comisión espera el ahorro de 150 euros al año de media por ciudadano, unos 128.000 pesos chilenos aproximadamente a la fecha de la escritura de esta noticia. Así, se evitaría además la emisión de 46 millones de toneladas de dióxido de carbono en casi diez años.

Según una encuesta realizada recientemente por Eurobarómetro, un 77% de los encuestados, preferirían reparar sus electrodomésticos antes que comprar unos nuevos, y el 90% cree que debería estar etiquetada la durabilidad de los mismos.

Aun cuando desde los productores creen que se hace lo suficiente para poder cumplir con la normativa y los requerimientos exigidos, desde las asociaciones de consumidores han declarado que todavía es poco lo que se hace, destacando, entre otras cosas, la dificultad para la reparación por parte de los mismos usuarios, sin tener que depender de técnicos profesionales o de las mismas entidades, asunto agravado por la dificultad para acceder a las piezas de refacción.

Lo realizado por la entidad europea se suma así a otros esfuerzos dados en países como Estados Unidos, en donde 20 de sus 50 estados han aprobado normas para para proteger el derecho de reparar frente a las prácticas de los proveedores para acelerar el fin de sus productos.

Dispositivos fuera de la norma

Pese a que las medidas anunciadas se han considerado un avance por distintos personeros de la Comunidad Europea, sorpresa ha causado en organizaciones de la Sociedad Civil la exclusión de celulares, tablets, computadores y consolas de la normativa, cuestión que ha sido reclamada por las asociaciones de consumidores, quienes piden que no se excluya a estos dispositivos.

Desde las mismas organizaciones han hecho hincapié en lo sucedido con celulares de alta gama, que han visto su perdurabilidad fuertemente disminuida por la obsolescencia programada, teniendo una tenue vida útil con respecto a los requerimientos de los mismos usuarios.

Las organizaciones, que han levantado la campaña Larga vida a lo que compro, apuntan a un mejoramiento de la legislación que contemple el problema de la obsolescencia programada y que promueva un sistema económico sustentable y que tenga por objetivo que los productos no sólo sean seguros, sino que también reparables y durables en el tiempo.

Uno de los representantes legales de las organizaciones de consumidores, declaró a El País el ejemplo de la ley de reparación de vehículos que prohíbe la restricción de adquisición de piezas para promover que cualquier taller pueda ejercer los arreglos correspondientes. Esto, en concordancia con la normativa europea vigente que se ha categorizado como “el derecho a reparar”, donde 20 Estados ya lo han regulado, lo que promovería la competencia, la innovación, la rapidez y el acceso a la refacción.

Desde multinacionales como Apple han alegado que dichas normativas promoverían prácticas como la piratería, mermando la calidad de la misma refacción por sobre los talleres oficiales certificados, lo que afectaría negativamente la calidad del producto y establecería problemas con la misma.

Desde las Organizaciones de consumidores europeas, se han demandado a las instituciones pertinentes una serie de peticiones, las que contemplan:

• Que el producto sea diseñado de forma que no haya piezas de calidad deficientes que se deterioren prematuramente, que sean demasiado frágiles para el uso normal del dispositivo o que tenga un ensamblado con materiales que impidan su apertura para la reparación.
• Que reparar el producto o sustituir los consumibles o baterías sea posible y tenga un coste notablemente inferior al de comprar un producto nuevo.
• Que la garantía del producto (incluido el software y su actualización) sea superior a los dos años obligatorios que actualmente hay en España y que sea real (ahora mismo solo se atribuye a problemas del producto durante los primeros seis meses).
• Que los fabricantes informen claramente de la vida media prevista del producto, las posibilidades de reparación, el tiempo de soporte previsto para la actualización de software si lo hubiera o cómo se debe proceder para el correcto reciclaje.

Fuente: Diario El País
Fecha: 2 de octubre 2019
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