Fuente: elsoberano.org 
Fecha: 17 de junio 2020

El Congreso aprobó un proyecto de ley que apuntaba a impedir el corte de servicios públicos durante la pandemia a quienes se encuentren en situación de mora, lo que sería muy positivo en momentos que se habla de poner a Santiago en hibernación. Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, cree que la intención original de Piñera de objetarla ante el TC hubiera generado un efecto contraproducente, toda vez que habría atizado el debate constitucional.

Un número creciente de expertos cree que ya no queda más espacio para las medias tintas: o clausuramos toda actividad o en breve empezaremos a contar muertos por decenas de miles. Y la recesión no sólo será más profunda, sino que también será más severa. En otras palabras, Santiago no tendría otra que profundizar la cuarentena, limitando al máximo el comercio y la movilidad. 

Para ayudar en tal empeño sería clave no ya sólo asignar un ingreso de emergencia (lo que hay no es la gran cosa tampoco), sino que convendría suspender el cobro de los servicios básicos. Sin embargo, el gobierno parece alineado con los intereses de las empresas, más si consideramos que está dejando entrever la posibilidad de alegar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley que, ya aprobado por el congreso, impediría el corte del servicio de agua, luz y gas de cañería a clientes por encontrarse impagos. La Moneda cree que la iniciativa es inconstitucional, pero no ha querido llevarla al Tribunal Constitucional.

“Llama la atención que el gobierno haya evaluado la posibilidad de impedir que esta ley se aplique recurriendo al Tribunal Constitucional”, sostiene Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu. “Uno espera que el gobierno reconsidere, porque dejar que las empresas corten el suministro a los morosos tornaría aún más difícil la situación de las familias”, indica luego el timonel de la entidad de defensa de los intereses del consumidor, quien recuerda que, en primer término, estamos en una situación catastrófica, las empresas tienen poco o nada de competencia (las sanitarias son monopolios naturales, de hecho) y, por si fuera poco, varias de ellas no han destacado precisamente como paradigma de respeto a los derechos de los usuarios.  

“Nadie puede decir que se está intentando limitar el derecho a propiedad. ¡El proyecto de ley ni siquiera establece que ese cobro se elimine y que el servicio sea gratuito! Simplemente se pide que el consumo sea prorrateado en 12 meses. Eso es todo. Es simplemente facilitarle las cosas a las personas. El gobierno podrá decir que hay un acuerdo de palabra con estas empresas, pero sabemos que un acuerdo de palabra no es una ley. Las palabras se las lleva el viento”, agrega Larenas.

El punto es que nos encontramos ante otro conflicto que nos lleva a repensar constitucionalmente la relación que debería tener el Estado con estas empresas en tiempos de catástrofe o conmoción social. “Es evidente que, al oponerse a una medida tan sensata, el gobierno hubiera atizado una discusión sobre el rol del TC, el poder presidencial y su exclusividad para presentar leyes que impliquen gasto, sobre el rol que deben tener empresas de uso público en áreas tan sensibles… en fin. Quizás es tiempo de que el Estado tenga más peso regulatorio en esos sectores, una injerencia mucho mayor. Hoy el Estado ni siquiera es eficiente fiscalizándolas”, concluye Stefan Larenas. 

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