En Chile, todos los contratos de consumo, incluidos los de membresías de gimnasios, deben cumplir con la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC). Esta ley establece principios y reglas que buscan garantizar que los servicios se presten en condiciones justas, equitativas y transparentes. Sin embargo, en la práctica, es frecuente que los contratos contengan disposiciones redactadas para favorecer al proveedor, imponiendo obligaciones desproporcionadas o limitando en exceso los derechos del consumidor.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando se impide la terminación anticipada de la membresía en cualquier circunstancia, se establecen multas o penalidades desproporcionadas por cancelación, o se permite al gimnasio modificar unilateralmente precios, horarios o condiciones sin que el consumidor tenga derecho a retractarse. Identificar estas cláusulas y conocer las herramientas para defenderse es fundamental para proteger tus derechos y evitar abusos.
En esta Pregunta Frecuente de ODECU te explicamos cuáles son tus derechos al contratar los servicios de un gimnasio, qué condiciones deben respetar los proveedores en los contratos, cómo identificar cláusulas abusivas y qué acciones puedes emprender si el establecimiento incumple lo pactado o vulnera la normativa vigente.
¿Qué se considera una cláusula abusiva en un contrato de gimnasio?
Según el artículo 16 de la LPDC, una cláusula abusiva es aquella que, sin justificación razonable, impone al consumidor obligaciones que resultan desproporcionadas en relación con el servicio que recibe, o bien que restringe sus derechos de forma excesiva.
En los contratos de gimnasios, esto puede manifestarse de múltiples formas. Una de las más comunes es prohibir al consumidor terminar el contrato anticipadamente en cualquier situación, incluso por razones médicas justificadas o por traslado de domicilio. También es frecuente que se establezcan multas o penalidades excesivas por cancelar la membresía antes del plazo acordado, que superen los costos reales para el proveedor. Otra práctica abusiva consiste en permitir que el gimnasio cambie unilateralmente precios, horarios, servicios incluidos o condiciones esenciales sin informar previamente o sin ofrecer la posibilidad de que el consumidor se retire del contrato sin penalidad.
Finalmente, algunas cláusulas restringen o eliminan derechos legalmente reconocidos, como la posibilidad de reclamar por incumplimiento del servicio o por publicidad engañosa. Es importante destacar que, según la ley, estas cláusulas son nulas de pleno derecho, lo que significa que no generan obligación alguna para el consumidor, incluso si firmó el contrato.
¿Qué acciones puedo tomar si mi contrato contiene cláusulas abusivas?
Si identificas que tu contrato contiene una o más cláusulas abusivas, tienes distintas vías para reclamar y defender tus derechos. Una de las más efectivas es acudir al Juzgado de Policía Local correspondiente a tu domicilio o al lugar donde se firmó el contrato. Allí puedes presentar una querella infraccional denunciando que el gimnasio ha infringido la Ley del Consumidor y, de forma conjunta, interponer una demanda civil de indemnización de perjuicios. En esta demanda puedes solicitar que se te compense por el dinero pagado por servicios que no se prestaron o que no cumplieron con las condiciones pactadas, por gastos adicionales en los que hayas incurrido y, en ciertos casos, por daño moral si la situación te generó estrés, molestias o afectación a tu bienestar.
El procedimiento es gratuito y no requiere que contrates abogado. Solo debes llevar tu contrato y cualquier prueba relevante como boletas, comprobantes de pago, correos electrónicos, certificados médicos si la causa de la cancelación es de salud, o capturas de la publicidad del gimnasio que contradiga las condiciones del contrato. Presenta un escrito claro y breve relatando los hechos, y el tribunal dará inicio al proceso. Si el juez verifica la infracción, podrá sancionar al proveedor y ordenar compensaciones a tu favor.
¿Qué resultados puedo obtener si el juez acredita la infracción?
Cuando el tribunal determina que un contrato contiene cláusulas abusivas o que el proveedor incumplió sus obligaciones, las consecuencias pueden ser significativas. En primer lugar, el juez puede declarar nula la cláusula abusiva, lo que significa que no tendrá efecto alguno y no podrá ser aplicada en tu contra. En segundo lugar, puede ordenar la devolución de los dineros cobrados indebidamente, así como el pago de indemnizaciones por los perjuicios sufridos, que incluyen no solo daños económicos directos, sino también compensación por el tiempo, molestias y afectaciones que hayas experimentado. Asimismo, el juez puede imponer multas al gimnasio como sanción por la infracción, lo que busca no solo reparar el daño individual, sino también prevenir que la empresa repita este tipo de conductas con otros clientes.
Estas resoluciones, además de beneficiarte directamente, pueden servir como precedente para que el proveedor modifique sus contratos y se ajuste a lo que exige la ley. Por eso, es clave guardar toda la documentación relacionada con el servicio, desde el contrato y los comprobantes de pago hasta cualquier comunicación escrita con el gimnasio. Un reclamo bien fundamentado no solo te protege a ti, sino que también contribuye a un mercado más justo y transparente.
Si el contrato de tu gimnasio contiene cláusulas abusivas o el proveedor modifica unilateralmente las condiciones sin tu consentimiento, contacta al Servicio de Atención al Consumidor de ODECU.
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