Millones de personas en Chile dependen del transporte público todos los días para llegar a sus trabajos, colegios, consultas médicas o trámites importantes. Sin embargo, cuando se suspenden recorridos sin previo aviso o se aplican alzas tarifarias sorpresivas, las consecuencias afectan directamente la economía y calidad de vida de los usuarios.

Muchas personas adultas mayores son blanco de publicidades que prometen resultados milagrosos: suplementos que curan enfermedades, terapias que rejuvenecen o productos que mejoran la memoria y movilidad de forma inmediata. Estas ofertas, con frecuencia acompañadas de frases absolutas como “cura definitiva” o “100% garantizado”, suelen carecer de base científica y pueden constituir publicidad engañosa. Esta práctica está prohibida por la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que protege especialmente a quienes se ven afectados por promesas falsas o exageradas en temas sensibles como la salud.

Contratar un hotel o servicio turístico debería ser sinónimo de descanso y confianza, pero no siempre se cumplen las condiciones ofrecidas. Habitaciones distintas a las reservadas, servicios no disponibles o cobros adicionales no informados son situaciones que vulneran tus derechos como consumidor. En Chile, la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores también protege a quienes contratan servicios turísticos, tanto de forma presencial como en línea.

Las plataformas de intermediación digital como Airbnb, Uber o Rappi han cambiado la forma en que accedemos a bienes y servicios. Sin embargo, su uso no está exento de conflictos y dudas legales. ¿Qué ocurre si una reserva se cancela sin aviso? ¿Quién responde si un pedido no llega o el servicio es inseguro? En Chile, estas situaciones están reguladas por la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que se aplica a todas las relaciones de consumo, incluso cuando la contratación se realiza por medios electrónicos.

En Chile, todos los contratos de consumo, incluidos los de membresías de gimnasios, deben cumplir con la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC). Esta ley establece principios y reglas que buscan garantizar que los servicios se presten en condiciones justas, equitativas y transparentes. Sin embargo, en la práctica, es frecuente que los contratos contengan disposiciones redactadas para favorecer al proveedor, imponiendo obligaciones desproporcionadas o limitando en exceso los derechos del consumidor.

Cuando un producto falla y debe ir al servicio técnico, la expectativa es recibirlo reparado en poco tiempo y en perfectas condiciones. Sin embargo, en muchos casos la espera se prolonga sin justificación o la reparación es deficiente, lo que genera frustración y perjuicios para el consumidor.

Por más cotidiano que sea hacer las compras, nadie espera encontrarse con un producto vencido o en mal estado. Sin embargo, esta situación ocurre con más frecuencia de la que se piensa y puede poner en riesgo la salud de las personas, especialmente cuando se trata de alimentos perecibles como carnes, lácteos o productos refrigerados.

En ODECU hemos observado con preocupación cómo muchos videojuegos y aplicaciones para celulares, consolas o tablets se publicitan como gratuitos, pero en la práctica esconden mecanismos que incentivan o presionan a niños y niñas a gastar dinero. Estas estrategias pueden ser poco claras o incluso abusivas, afectando la economía familiar y los derechos del consumidor.

En ODECU creemos firmemente que el acceso a medicamentos y productos de salud no es solo una opción de compra, sino muchas veces una necesidad urgente y vital, directamente vinculada al bienestar o incluso a la vida de las personas y sus familias. Por eso es esencial que las personas consumidoras conozcan sus derechos específicos al momento de adquirir estos productos, ya sea en farmacias físicas o a través de plataformas digitales. Tener claridad sobre tus derechos te permite tomar decisiones informadas, evitar abusos y exigir condiciones de venta justas y transparentes.

En Chile, los videojuegos ya sean físicos o digitales, están regulados por la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Esta norma garantiza el derecho a recibir información clara, veraz y oportuna sobre los productos que se adquieren, lo que cobra especial relevancia cuando se trata de contenidos dirigidos a niños, niñas y adolescentes.