ODECU expuso en foro de ICARE sobre reforma a la ley del consumidor

“Creemos que el espíritu de este proyecto de Ley está en la dirección adecuada para favorecer una mayor justicia y simetría entre consumidores y proveedores”, fue el planteamiento principal de ODECU en el foro sobre reforma a la Ley del Consumidor organizado por el círculo legal de ICARE, que tuvo lugar el martes 12 de septiembre.

En éste participaron Stefan Larenas, presidente de ODECU; Íñigo de la Maza, profesor de derecho privado en la Universidad Diego Portales; Catalina Mertz, presidente de la Asociación de Supermercados de Chile; y Gonzalo Smith, gerente corporativo de Asuntos Legales y de Gobernanza de Falabella.

En el encuentro, ODECU expuso que el proyecto de ley favorece la consecución de la misión de las asociaciones de consumidores por cuanto se les reconoce el carácter de organizaciones de interés público, se duplica el Fondo Concursable (de 379 MM a 737 MM), se eliminan restricciones legales para el desarrollo de sus funciones, pudiendo desarrollar actividades lucrativas para destinar dichos recursos al financiamiento de sus actividades propias, y se establece la participación de las asociaciones de consumidores en las mediaciones colectivas iniciadas a solicitud de éstas.

Así también, ODECU sostuvo que el proyecto busca romper una de las asimetrías que existe actualmente entre consumidores y empresas al facultar al Tribunal para distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes en el litigio.

Por su parte, el círculo legal de ICARE, planteó que “generan inquietud, entre otros, aspectos tales como los montos de las multas; las circunstancias atenuantes y agravantes para su determinación; o los conceptos de “colaboración sustancial” o “reparación del daño”. También preocupan la regulación de eventuales superposiciones de competencias entre el SERNAC y otros organismos reguladores. Luego, es necesario entender las ventajas y desventajas asociadas a la creación de nuevos procedimientos judiciales y administrativos, junto al establecimiento de un nuevo mecanismo de mediación reglado. Finalmente, existen cuestionamientos en cuanto a que la nueva agencia de protección del consumidor pasará a  controlar potestades de dictación de normas generales, desarrollar procedimientos preventivos, fiscalizar, perseguir y sancionar”.

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