La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de la Libre (TDLC) la confidencialidad de los antecedentes que entregó ayer sobre el caso de colusión entre las principales cadenas de farmacias para subir el precio de medicamentos. La fiscalía sustentó la decisión de negar el acceso a los expedientes a las partes demandadas en el hecho de que entre dichos antecedentes “había respuestas de los laboratorios y empresas farmacéuticas y correos electrónicos de terceros que mantienen información sensible”.

Al respecto, el presidente de ODECU, Stefan Larenas señaló que la organización “respeta los tiempos procesales y, en ese sentido, no nos oponemos a que los detalles de la investigación se mantengan en confidencialidad”. Sin embargo, destacó que este secreto necesariamente debe ser temporal. “La opinión pública debe conocer esta información en algún momento”, manifestó.

El fiscal  Enrique Vergara hizo entrega de 17 cajas con 167 tomos de evidencia que sustentan su demanda. En un comunicado público, la FNE señaló que los documentos fueron entregados de manera confidencial “porque así lo solicitaron expresamente todas las cadenas y demás aportantes durante la investigación que practicó la FNE".

No obstante, las cadenas demandadas afirman que la Fiscalía Nacional Económica debe mostrar dichos antecedentes en forma íntegra. Según sus abogados, la investigación tendría carácter de secreta sólo mientras está en desarrollo y ésta habría terminado con el requerimiento presentado ante el TDLC. Los abogados defensores aseguran que el fiscal Vergara no cuenta con ninguna prueba incriminatoria. Incluso Cruz Verde ha recurrido al Tribunal Constitucional para que se revelen los antecedentes, sin resultados positivos.

Aunque la solicitud de confidencialidad abarca el grueso de los antecedentes, la FNE informó que, debido a la cantidad de información recabada durante su investigación, también presentó una versión pública de "diversos documentos relevantes para este juicio".

El TDLC decidirá el martes 30 de junio, en su sesión ordinaria, si declara la confidencialidad de los expedientes o si permite el acceso a ellos.

En el mismo tema, en septiembre se espera que entren en vigencia modificaciones al D.L. 211 que fortalecen a la FNE y que actualmente está revisando el Tribunal Constitucional. El proyecto de ley, que ingresó al Congreso el 20 de junio de 2006, ha causado controversia porque permitiría allanamientos, una herramienta que hasta ahora es atribución sólo del Ministerio Público. Esto permitiría a agentes policiales entrar a recintos públicos o privados, inclusive allanando y descerrajando si fuere necesario; registrar e incautar toda clase de objetos y documentos; y ordenar a empresas de comunicaciones a entregar registros de comunicaciones transmitidas o recibidas. Además, considera la delación compensada y el aumento de multas en caso de colusión desde alrededor de US$ 17 millones a más de US$ 25 millones.