Por informaciones de prensa , hemos tomado conocimiento del propósito del Ministerio de Hacienda de reformular, por medio de una ley, el actual sistema de información financiera de las personas.

De acuerdo a lo analizado y procesado por la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), podemos señalar que se plantean las siguientes modificaciones: 

* Se propone crear una Central Nacional de Informaciones Económicas, la que tendrá como misión consolidar datos tales como protestos de cheques, pagarés y letras, deuda vigente no morosa y el historial de pago de todos los chilenos, buenos o malos pagadores. 

* Los aportantes a este sistema serán todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que sean acreedores en forma habitual de operaciones de crédito anual superiores a UF 100.000.

* Las condiciones, formas y límites de las obligaciones que deberán ser informadas y de quienes son los obligados a reportar se establecerá a través de un reglamento dictado por la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Hacienda.

* Desde el punto de vista de los aportantes, estos tendrán derecho a acceder a los datos de obligaciones al día contenidas en el registro, previo pago de una tarifa. Para estos efectos, el registro omitirá la identificación de los aportantes y de los acreedores, y entregará la información consolidada por categorías de deuda, las que serán definidas por la propia SBIF.

* Respecto del acceso al historial de pago de cada persona, las distribuidoras de información (ej: Dicom) tendrán derecho a acceder a esta información, previo pago de una tarifa, con el propósito de distribuirla en el mercado crediticio.

* Ante cualquier evento, se requerirá el consentimiento del titular para el tratamiento de los datos. 

Por este motivo y ante la preocupación que este contexto plantea para los consumidores, ODECU sostiene lo siguiente:

1. Semejante modificaciones al sistema de información no aparece como una necesidad primordial. Desde nuestra óptica, más urgente sería que las autoridades y las entidades responsables se ocuparan de velar y fiscalizar que las instituciones financieras publiciten y ofrezcan sus créditos de manera clara, completa y fidedigna.
2. Pese a que actualmente muchos empleadores ocupan la información comercial para rechazar solicitudes de empleo (lo que, por cierto, es penado por ley), nos cuesta imaginar los riesgos que representaría para las personas la libre circulación de información altamente sensible. En malas manos, la información comercial consolidada de los consumidores puede significar una lápida difícil de levantar.
3. Actualmente, las personas entregan información personal valiosa, en forma voluntaria, a diversos agentes sociales con el objetivo de ser utilizados sólo para los fines que fueron entregados. Siendo así, los receptores de dicho material deben tener claridad que administran datos considerados inalienables y protegidos por la ley los que, en la práctica, deben ser resguardados con la diligencia correspondiente. Es esto último lo que los consumidores queremos y exigimos.
4.  Sin embargo, en el ultimo tiempo fuimos testigos de escandalosas fugas de bases de datos que, pese al impacto mediático inicial, hasta la fecha no se conocen responsables ni sancionados por este hecho.
5. La iniciativa de Hacienda no da cuenta estar buscando resolver este tipo de problemas ni resolver la desprotección en que se encuentra la información de los consumidores. Las filtraciones ocurren y los datos personales de cada uno de nosotros  finalmente siguen engrosando los cientos de perfiles que empresas que, sin nuestro consentimiento, reducen sus riesgos de operación.
6. Así como esta el sistema, nada podrá impedir que con toda la información de deuda a la mano, se complique la situación de aquellos que no sean considerados como “los mejores pagadores”, siendo discriminados no solo  no sólo en su acceso al crédito, sino que en una infinidad de otros ámbitos como la educación, la salud, etc, lo  que será muy difícil de evitar.
7. Se requiere un debate amplio en la materia, realizando consultas publicas que tengan como protagonistas al consumidor, ya que en definitiva son ellos los dueños de los datos en cuestión.
8. Los consumidores no podemos ser meros espectadores de un pleito  que en la actualidad  lo llevan, a través de la prensa , solo los dos grandes conglomerados – la Cámara de Comercio de Santiago y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras – a los que se les da muy fácilmente discutir y negociar entre ellos sin consultar con los consumidores.
9. Por todo lo anterior, esperamos que tanto el gobierno como los legisladores no hagan oídos sordos  al llamado de los consumidores a participar  en este debate ya que, aunque parezca redundante, los datos personales son de las personas, y no se puede disponer de ella sin su consentimiento