ODECU levantó la preocupación por la dinámica de este mercado en febrero de este año. En la ocasión, Stefan Larenas Riobó planteó la necesidad de conocer el sustrato pedagógico que justifica la renovación anual de todos los textos escolares.
En febrero de este año, la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, realizó un llamado para investigar y explicar el funcionamiento del mercado editorial tras la entrega de textos escolares.
Dicha preocupación se ha visto concretada tras el anuncio de la Fiscalía Nacional Económica de estudiar el mercado de los textos escolares, abarcando tanto el segmento estatal como el privado.
En su investigación previa, la Fiscalía detectó seis razones que justifican la realización de este trabajo. La primera de ellas es que la compra de textos escolares representa un gasto monetario relevante tanto para el Estado como para las familias cuyos hijos asisten a establecimientos educacionales privados. Entre ambos segmentos, el gasto anual asciende a unos US$ 116 millones cada año.
Para el año académico 2018, el Ministerio de Educación entregó más de 18 millones de textos escolares a alrededor de 10 mil colegios municipales y subvencionados. En su momento, la ministra de la cartera, Adriana Delpiano, explicó que las instituciones están en su derecho de no ocupar estos libros, aunque tampoco pueden obligar a los padres y apoderados a comprar otros.
A comienzos de este año, Stefan Larenas Riobó, Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, indicó estar esperando que el Ministerio de Educación se pronunciase al respecto de cuáles son los argumentos pedagógicos que existen para cambiar de textos escolares año tras año, explicando por qué un libro debe necesariamente ser reemplazado cuando el contenido es similar, teniendo en cuenta el conocido costo de renovación que tiene esto para los apoderados.
“Con el fin de evitar suspicacias al respecto, el Ministerio de Educación debería pronunciarse para conocer realmente si detrás de estos cambios no existe un negocio editorial muy lucrativo de las editoriales, que son las que hoy día publican esos libros”, agregó Larenas.
Cabe destacar que, en el caso que el colegio solicite la compra de libros escolares en reemplazo de los entregados por el gobierno, el costo total para una familia puede alcanzar entre los $150.000 y $200.000 por cada estudiante.
Frente a este elevado costo, el Presidente de ODECU planteó que, con los actuales avances que hemos tenido en el acceso a internet en Chile, “la pregunta es por qué no se pueden complementar muchos de los materiales didácticos con el uso tablets que puedan ser prestadas en el colegio, para que en definitiva muchos alumnos hoy puedan acceder vía electrónica a la información que necesitan. De cumplirse esto, reemplazaría al menos a un 60% de los textos que exigen a los alumnos, y que significan un sacrifico para los padres cuando tienen que pagar hasta $40.000 por un solo texto escolar”.
Finalmente, Stefan Larenas valoró la iniciativa de la Fiscalía Nacional Económica, en tanto que “el mercado de los textos escolares ha generado una legítima preocupación en los consumidores, ya que tiene lados oscuros que es necesario transparentar, por lo tanto, que la FNE comience un estudio confirma que este es un tema de relevancia para la población”.
Revisa la publicación de ODECU aquí.
Más detalles acerca del estudio de mercado que está realizando la FNE aquí.
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